CARTA DE VERACRUZ O CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN EN LOS CENTROS HISTÓRICOS DE IBEROAMÉRICA (12-5-1992)

1. Introducción

Entendemos como Centro histórico un conjunto urbano de carácter irrepetible en el que van marcando su huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, formando la base en que se asientan sus señas de identidad y su memoria social.

El valor irrenunciable de estas señas, lo convierten en un bien patrimonial, su pérdida significa la ruptura del anclaje de la sociedad con sus orígenes hipotecando su porvenir.

Es, por tanto, un bien que es obligatorio conservar y transmitir al futuro, para que un pueblo sepa quién es, dónde está y a dónde va.

2. Situación actual

Hasta hace 50 años, Ciudad y Centro Histórico eran prácticamente lo mismo.  El desarrollismo de los años 60 y el mito del progreso nos han colocado en la actualidad frente a una situación alarmante.

A las puertas del siglo XXI, Iberoamérica es un continente de habitantes urbanos, en el que el 72% de la población vive concentrada en ciudades, el despoblamiento creciente del campo ha traído como consecuencia que más de 300 millones de habitantes ocupen escasamente, el 1% del territorio.

El inmenso cinturón de miseria que rodea las principales ciudades es uno de los grandes fracasos del final del siglo y un auténtico revulsivo al concepto tradicional de ciudad.  En esta situación y en la mayoría de los casos, los centros históricos, no obstante su riqueza patrimonial ha pasado a convertirse en las áreas donde se localizan el mayor número de edificios en ruina y una población con profundos problemas sociales.

Ante esta realidad, la única forma viable de actuar sobre el patrimonio es convertirlo en un instrumento socialmente útil y rentable, entendiendo por rentable aquello que redunda en bien de la colectividad.

Hoy por hoy, puede detectarse que los organismos responsables de la gestión de los bienes patrimoniales son instituciones relacionadas exclusivamente con la cultural que en las actuales circunstancias socioeconómicas de Iberoamérica, en la mayoría de los casos, son relevadas de los presupuestos de los gobiernos ante el paso de otras prioridades sociales.

Esta realidad asocia patrimonio y cultura únicamente, ignorando el concepto de patrimonio como capital social, desperdiciando su potencial como elemento vivo al servicio de la comunidad.

3. Deberes y Derechos

Asumir que el centro histórico es un bien patrimonial y un capital social significa que la comunidad tiene el derecho a utilizarlo y disfrutarlo y el deber de conservarlo y transmitirlo.  Un derecho que los ciudadanos tienen que conocer y reivindicar.

Los gobiernos y las instituciones de la sociedad han de responder a este derecho y esta obligación, dando a los Centros Históricos la importancia de una prioridad política de carácter socio-económico proyectada hacia la colectividad.

4. La actualización política frente al Centro Histórico

Asumida esta prioridad política es imprescindible que los centros históricos estén legalmente amparados por un marco jurídico de rango nacional.

Ello supone reconocer los siguientes principios:

1-      El Centro Histórico, que tiene sobre si el peso excepcional de su contenido histórico, cultural y su papel simbólico de centro, tiene además los mismos problemas que el resto del conjunto urbano.

2-      En la responsabilidad de la recuperación de un Centro Histórico, por lo tanto no sólo están implicados los organismos relacionados con la cultural sino todos aquellos que enfocan su acción hacia la mejora de la calidad de vida de la ciudad: empleo, vivienda, educación etc.

3-      Por ello, la responsabilidad de la financiación de las acciones en el Centro Histórico, corresponde a todos los organismos que actúan directa o indirectamente sobre la ciudad. Y ello deberá reflejarse en sus presupuestos anuales. Simultáneamente deberán crearse los mecanismos de apoyo y fomento a la participación de la comunidad y de los agentes sociales y económicos privados.

5. Modelo de gestión

La necesidad de coordinar y promover estas inversiones impone la creación de un organismo de gestión interinstitucional, con las competencias delegadas de cada una de ellas.

En combinación con cada Municipio, este organismo deberá establecer, una oficina de gestión del Centro Histórico que:

A)      Elabore el planeamiento necesario para dicho Centro dentro del marco del planeamiento general de la ciudad y del territorio.

B)      Proponga un plan de etapas con un presupuesto por anualidades, donde se establezcan las prioridades de actuación conforme a las directrices del plan, y en el que se asigna a cada organismo su inversión correspondiente.

C)      Vigile y garantice el cumplimiento del plan y la correcta asignación y aplicación de los recursos.

D)     Realice el seguimiento y la evaluación periódica del plan de etapas.

E)      Informe a la comunidad y promueva su participación.

6. Conclusión

El uso racional del Centro Histórico con la obtención de unas dignas y adecuadas condiciones de habitabilidad, convivencia social y trabajo no sólo es la única garantía para su supervivencia y transmisión al futuro, sino prioritariamente la forma de obtener del patrimonio histórico un beneficio tangible para la comunidad, convirtiéndose en un elemento económicamente activo y socialmente positivo.

En la Ciudad de México, a veintidós de Mayo de mil novecientos noventa y dos.